La asistencia jurídica gratuita: información general

JD

Justicia gratuita: concepto, destinatarios, requisitos y trámites.

Por Héctor Álvarez.

Concepto:

La justicia gratuita aparece reflejada en el artículo 119 de la Constitución española y en él se reconoce, a quienes no tengan medios suficientes para litigar, una serie de prestaciones consistentes principalmente en la dispensa del pago de honorarios de abogado y procurador, de los gastos derivados de peritaciones, fianzas, tasas judiciales, etc.

El derecho a la asistencia jurídica gratuita comprende, en líneas generales, las siguientes prestaciones:

  • Asesoramiento gratuito anterior al juicio.
  • Asistencia del abogado al detenido o preso.
  • Defensa y representación gratuita del abogado y procurador durante el juicio.
  • Exención de la las tasas judiciales.
  • Asistencia pericial gratuita.
  • Reducción del 80% de los derechos arancelarios que correspondan por determinadas actuaciones notariales.
  • Reducción del 80% de los derechos arancelarios que correspondan por determinadas actuaciones de los registros de la propiedad mercantil.

Destinatarios:

Se diferencia entre personas físicas y personas jurídicas:

  • Personas físicas:
  1. Los ciudadanos nacionales o extranjeros con residencia legal en España.
  2. Los nacionales de países miembros de la Unión Europea
  3. Los extranjeros sin residencia legal en España que acrediten insuficiencia de recursos en el proceso penal y en los procesos relativos a la solicitud de asilo y en los procedimientos administrativos y judiciales que puedan llevar a la denegación de su entrada, devolución o expulsión del territorio español.
  4. Los trabajadores y los beneficiarios del sistema de Seguridad Social en la jurisdicción social.

  1. En el orden jurisdiccional social: los trabajadores y los beneficiarios del sistema de Seguridad Social.
  2. En el orden jurisdiccional penal: tendrán derecho a la asistencia letrada y a la defensa y representación gratuitas todos los ciudadanos, aunque sean extranjeros, que acrediten insuficiencia de recursos para litigar, aun cuando no residan legalmente en territorio español; así como las personas víctimas de terrorismo y de violencia de género.
  3. En el orden contencioso-administrativo: los ciudadanos extranjeros que acrediten insuficiencia de recursos para litigar, aun cuando no residan legalmente en territorio español, tendrán derecho a la asistencia letrada y a la defensa y representación gratuita en todos aquellos procesos relativos a su solicitud de asilo y ley de extranjería, (incluida vía administrativa previa).
  • Personas jurídicas: que se trate de asociaciones declaradas de utilidad pública o de fundaciones inscritas en el registro administrativo correspondiente cuya base imponible en el impuesto sobre sociedades sea inferior a la cantidad equivalente al triple del IPREM en cómputo anual.

Requisitos:

Uno de los requisito es el de que se litigue en defensa de derechos e intereses propios o ajenos cuando tengan fundamento en una representación legal. Otro es el nivel de ingresos de los solicitantes de justicia gratuita.

Nivel de ingresos: Lls Ingresos en 2015 para solicitar abogado de oficio:

Aplicando el artículo anterior a nuestros intereses, hay que saber qué se entiende por “unidad familiar”. Constituyen una modalidad de unidad familiar:

  • La formada por los cónyuges no separados legalmente, y los hijos menores que convivan con ellos.
  • La formada por el padre o la madre, y los hijos menores con los que convivan.

Con los casos anteriores, podemos encontrarnos en las siguientes situaciones:

  • Cuando lo solicita una persona que no está integrada en ninguna unidad familiar (soltero mayor de edad, divorciado sin hijos, viudo con hijos mayores de edad, etc.), sus ingresos brutos no pueden superar un importe mensual de 1.065,02 euros (12.780,24 euros anuales brutos).
  • Cuando la persona que solicita está integrada en una unidad familiar de tres o menos miembros (matrimonio sin hijos, matrimonio con un hijo menor de edad, divorciado con dos hijos menores, viudo con dos hijos, etc.), sus ingresos brutos no pueden superar un importe mensual de 1.331,28 euros (15.975,36 euros anuales brutos).
  • Cuando el solicitante está integrado en una unidad familiar de cuatro o más miembros, (matrimonio con dos hijos, divorciado con tres hijos, etc.) sus ingresos no pueden superar un importe mensual de 1.597,53 euros (19.170,36 euros anuales brutos).

Es importante saber que cuando una persona está integrada en una unidad familiar se sumarán los ingresos que perciban cualquiera de sus miembros. Por ejemplo, si el solicitante está casado con dos hijos, la suma de los ingresos que perciba su mujer y él no pueden superar el importe mensual bruto de 1.597,53 euros.

Pero no se tendrán en cuenta, en distintas situaciones, y no importarán en estos casos que sus ingresos superen los exigidos legalmente:

  • Cuando el solicitante sea víctima de violencia de género.
  • Cuando sea víctima de terrorismo o de trata de seres humanos.
  • Cuando el solicitante sea menor de edad.
  • Cuando se trate de personas con discapacidad psíquica.
  • Cuando sean víctimas de situaciones de abuso o maltrato.
  •  Los que a causa de un accidente, acrediten secuelas permanentes (que les impidan totalmente hacer las tareas propias de su ocupación laboral o profesional habitual) y que necesiten ayuda de otras personas, cuando el objeto del litigio sea la reclamación de indemnización por los daños personales y morales sufridos.

También con independencia de la existencia de recursos para litigar, se reconoce el derecho de asistencia jurídica gratuita a quienes a causa de un accidente acrediten secuelas permanentes que les impidan totalmente la realización de las tareas de su ocupación laborar o profesional habitual y requieran la ayuda de otras personas para realizar las actividades más esenciales de la vida diaria, cuando el objeto del litigio sea la reclamación de indemnización por los daños personales y morales sufridos.

Trámites:

Los trámites se pueden iniciar solicitando el impreso normalizado para defensa jurídica gratuita ya en los juzgados de donde uno es o en el colegio de abogados de la provincia correspondiente; aunque también se puede hacer por internet, a través de la propia página del Ministerio de Justicia rellenando el mismo documento que se puede solicitar en los lugares antes mencionados.

Las solicitudes de asistencia jurídica gratuita, junto con la correspondiente documentación, se presentarán ante los servicios de orientación jurídica del colegio de abogados del lugar en que se halle el juzgado o tribunal que haya de conocer del proceso principal, o ante el juzgado del domicilio del solicitante si el proceso no se hubiera iniciado.

Documentación exigida:

  • Fotocopia del DNI, pasaporte o tarjeta de residencia.
  • Certificado del IRPF e impuesto sobre el patrimonio.
  • En caso de personas jurídicas, el certificado del impuesto sobre sociedades.
  • Fotocopia del permiso de circulación o certificado de la correspondiente jefatura provincial de Trafico (solo en caso de delitos contra la seguridad del tráfico).
  • Fotocopia del libro de familia.
  • Certificado de empadronamiento.
  • Certificado del INEM de periodo de desempleo y percepción de subsidios.
  • Fotocopia del contrato de arrendamiento de la vivienda habitual o, en su caso, copia del recibo mensual.
  • Cualquier otro documento que sirva para demostrar la necesidad de asistencia judicial gratuita.

Una vez presentado el impreso, junto con los documentos necesarios para demostrar la falta de medios suficientes para litigar, en los lugares antes mencionados. El colegio de abogados examinara todo para ver si se cumple con los requisitos para otorgar la justicia gratuita y en el caso de que falte algo dará un plazo de diez días hábiles para que subsane el posible error.

En caso de que se estime la petición, el colegio de abogados procederá en el plazo máximo de 1uince días, contados a partir de la recepción de la solicitud o desde la subsanación de los defectos, a la designación provisional de abogado.

Si por el contrario el colegio de abogados estimara que no se cumplen con los requisitos para otorgar la justicia gratuita comunicará al solicitante en un plazo de cinco días que no ha efectuado el nombramiento provisional de abogado.

Para los casos en que el colegio de abogados, en esos quince días a contar desde la entrega de la solicitud de justicia gratuita, no haya emitido decisión alguna respecto a la designación provisional de abogado, el solicitante podrá reiterar su solicitud ante la comisión de asistencia jurídica gratuita correspondiente.

Bibliografía y enlaces:

Ministerio de Justicia:

Consejo General de Procuradores de España:

Boletín Oficial del Estado:

Juristas Desencadenados, 2015.

 

Entrevista a Antonio García Fernández, administrador de fincas de GYS

Inauguramos nuestro blog abordando el tema de la propiedad horizontal, y qué mejor manera de hacerlo que con una entrevista a Antonio García Fernández, administrador de fincas de GYS en Santander.

Por Raúl Carral.

Juristas Desencadenados: La LPH fue recientemente modificada en 2013, que opina de esa modificación? En especial referencia al artículo 10 (Aprobación de obras de carácter urgente sin juntas de propietarios) ¿Cuáles son sus ventajas e inconvenientes?

Antonio García Fernández: Ha sido una modificación básicamente dirigida a flexibilizar los regímenes de mayoría necesarios para tomar los acuerdos. Ha habido cambios muy importantes en los artículos 10 y 17. Sin embargo lo que se ha vendido como una norma que facilita los acuerdos, bajo mi punto de vista ha venido a complicarlos. El artículo 10 de la LPH, que concede poderes de decisión casi ‘ilimitados’ al Presidente de una Comunidad al margen de la Junta General es un claro ejemplo.

J. D.: Parece que hay más inconvenientes que ventajas, por decirlo así…

A. G. F.: En mi opinión, la reforma ha complicado la adopción de los acuerdos en una Comunidad.

J. D.: ¿Qué opina de la figura del presidente y vicepresidente de comunidad en el ámbito práctico?

A. G. F.: En comunidades pequeñas o incluso medianas, con la intervención de un Administrador colegiado, su papel tiene menos incidencia. En Comunidades de gran tamaño suelen nombrarse comisiones de vecinos que se encargan de distintos asuntos. El presidente es el representante de la Comunidad pero la figura del Vicepresidente, como tal, es testimonial en cuanto a las funciones que le otorga la ley por cuanto que sustituye al Presidente en caso necesario.

J. D.: La figura del administrador, siguiendo con esa parte, la del administrador de fincas parece que está aumentado últimamente a qué se debe esta situación?

A. G. F.: Yo creo que tiene que ver con la cada vez mayor complejidad que representan las Comunidades; por ejemplo, ahora hay que declarar las operaciones anuales mayores de 3000 euros con un solo proveedor a lo largo del ejercicio. Antiguamente tenías que pagar una cuota y se apuntaba quién lo hacía y quien no y con eso casi bastaba; ahora los propietarios tienen sus propias ocupaciones y no tienen por qué estar al día de las modificaciones de la legislación en este ámbito. Nos hemos encontrado Comunidades que no han tenido nunca administrador y que tienen un libro de Actas cuya redacción ha tenido consecuencias jurídicas muy importantes;  por ejemplo, el cambio en el reparto de gastos decidido hace unos años que no se dejó bien recogido en el acta, etc. La figura del administrador es fundamental en una comunidad de vecinos.

J. D.: Según su experiencia práctica, Los estatutos de la comunidad son una herramienta fundamental en las comunidades de propietarios o la LPH ya es más que suficiente?

A. G. F.: Con carácter general basta con la LPH. Los estatutos desarrollan la ley teniendo en cuenta las particularidades de cada Comunidad. Lo que sí hemos encontrado muchas veces es que los Estatutos son redactados por el promotor cuando es propietario único y utilizan modelos previamente preparados que no se corresponden exactamente con las necesidades del edificio. Con carácter general los Estatutos suelen regular la forma en que se reparten los gastos, si hay alguien exento de pagar un gasto en particular, etc. Y si no se pronuncian se debe acudir a la LPH.

J. D.: ¿Qué opina de la acción de cesación (Artículo 7.2 de la LPH); ha tenido que usarla alguna vez contra algún vecino con problemas en alguna comunidad?

A. G. F.: Pues sí, la hemos utilizado. Incluso se puede privar del uso de la vivienda al inquilino o hasta al propietario mediante esta acción, sin embargo, es tal la cantidad de pruebas que hay que presentar que su función es, en mi opinión, más preventiva que práctica; privar del uso de un piso es muy difícil. Nosotros lo hemos hecho una vez contra unos inquilinos y conseguimos que el Juzgado resolviera el contrato de arrendamiento pero era un asunto de amenazas y violencia.

Es un procedimiento que necesita habitualmente la testifical de vecinos contra vecinos y eso complica las cosas

J. D.: En una junta de propietarios, normalmente cuándo se celebra la reunión?, ¿en primera convocatoria o en segunda?

A. G. F.: Casi siempre en segunda, nosotros en primera hemos empezado alguna vez en una comunidad muy pequeña donde son todos muy puntuales, pero es algo excepcional.

J. D.: ¿Está de acuerdo con el plazo de media hora para celebrar la segunda sesión?

A. G. F.: Pues es media hora que pierdo yo y la gente que acude puntualmente a la reunión te sirve para ir tomando firma de los que van llegando y adelantar el trabajo para la segunda

J. D.: En una junta de propietarios, durante el debate sobre la realización de una determinada acción (aprobar una derrama para una obra, establecer un servicio común), ¿cuales son los principales problemas en las comunidades de vecinos que impiden aprobar estos puntos?

A. G. F.: Ahora mismo, y de un tiempo hasta esta parte, el principal problema es la morosidad. Antes de la crisis no se discutía tanto de este asunto antes de aprobar una derrama para hacer alguna obra. Ahora el principal escollo que tienes que vencer ahí son los que no pagan, los que ya tienen una deuda atrasada que además si les cargas con una derrama, van a tener más deuda.

J. D.: El sistema de votación de acuerdos de la LPH, puede explicarlo de forma muy resumida? ¿Cree que es necesario modificarlo en algún aspecto?

A. G. F.: Te voy a poner un ejemplo para que nos demos cuenta de la complejidad que lleva ahora la nueva regulación: antes, tú querías cerrar una terraza, pedías permiso y necesitabas la unanimidad. Ahora si pides permiso para cerrarla a nivel particular, es decir, sólo tú, necesitas que el 60% de la Comunidad te dé autorización, pero en la misma reunión; sin embargo, si se pide a nivel de todos los vecinos, necesitas también el 60% pero los que no han ido a la Junta tienen un mes para manifestarse y si no dicen nada, se les tendrá como votos afirmativos.

Es muy difícil explicar a la gente los regímenes de mayoría, cuando una abstención es similar a un voto negativo, cuando es como uno afirmativo. A nosotros nos gusta explicar en la propia convocatoria de la reunión cómo se ha de votar cada punto lo más claro posible para evitar malos entendidos y problemas. Cuando empiezas en primera convocatoria, la mayoría es una, y cuando empiezas en segunda es otra porque sólo tiene en cuenta a los que están en ese momento y no a todos los propietarios. Por ejemplo, si empiezas en segunda, hay diez propietarios en la reunión, y en un asunto votan 5 a favor y otros cinco se abstienen; bien, en este caso el asunto no se aprobaría porque la mayoría serían 6 votos afirmativos. En ocasiones es difícil explicar las cosas.

J. D.: Se dan con mucha frecuencia la impugnación de acuerdos en los juzgados por parte de los vecinos?

A. G. F.: A nosotros no. Y creo que en general tampoco porque la impugnación es un juicio ordinario que conlleva unas costas y salvo que el acuerdo te esté perjudicando notablemente lo normal es no hacerlo. Te pueden suponer 2000 euros de costas y la duración, si hubiera luego recurso, podría llegar a los 2 años y medio. Es como para pensárselo.

J. D.: El proceso monitorio (pago de deudas) es útil en la práctica para las comunidades de vecinos?

A. G. F.: El proceso monitorio, que es un proceso abreviado, aunque no tanto como la gente se piensa, se acuerda en una Junta, interpones la demanda, le llega la citación al deudor diciendo que tiene 20 días para pagar esa deuda o para argumentar por qué no quiere pagarla. Si no dice nada el deudor o no se opone, automáticamente el procedimiento se archiva y a partir de ese momento la Comunidad puede pedir la ejecución para conseguir embargos y demás. Eso puede durar relativamente poco; el problema es que si no paga el deudor voluntariamente, aunque la Comunidad haya ganado y pida la ejecución y no hay donde “trabar” el, al final el proceso se alarga.

La ley dice que se responde con tu casa de las deudas contraídas con la comunidad pero de un tiempo a esta parte, en la práctica jurídica podemos ver que los jueces no están están permitiéndolo y consideran que por una deuda relativamente menor, aunque esté causando un gran quebranto a la Comunidad, no se puede perder el piso. Te piden que encuentres bienes muebles, nóminas, etc. y a veces no se puede; y la gente no entiende cómo es posible que no se resuelva una cosa que es rápida, abreviada y debes explicar a los vecinos que si el deudor no tiene nómina, está cobrando una pensión por debajo del SMI o que el coche no lo tiene a su nombre etc., puedes estar mucho tiempo buscándolo.

Antes, solo con la posibilidad que teníamos de embargar la vivienda, se conseguía el cobro del 95 % de las deudas. Se pedía al juzgado el embargo de la vivienda, el juzgado se lo comunicaba al propietario y la gente pagaba.

Es muy común encontrarte con un deudor que no paga ni un euro a la Comunidad desde hace años, pero le ves utilizar coches que no están a su nombre, alternar en bares y hacer una vida aparentemente normal. Y ves que el procedimiento de cobro te lleva años. Creo que la sensibilidad que están mostrando los jueces está mal entendida porque no he visto nunca en una Comunidad donde el que debe dinero explica el problema por el que está pasando, ignorarle y hacer que perdiera la casa.

Agradecemos a Antonio su amabilidad y, especialmente, la paciencia demostrada a la hora de responder las preguntas y resolver todas nuestras dudas.

Juristas Desencadenados, 2015.