Entrevista a Francisco Carral

Decidimos realizar una entrevista a Francisco Carral, abogado y profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Cantabria, sobre su experiencia como docente universitario, su labor como letrado y el mundo jurídico en general.

Por Manuel Cobo y Juanjo Gutiérrez.

Juristas Desencadenados: ¿Te preocupa la opinión que tiene la ciudadanía de la profesión de abogado, de los jueces y de la justicia en general?

Francisco Carral: La mala fama de los juristas y la Justicia en general es tan antigua como la civilización. Ya decía Platón que la Justicia no es otra cosa que la conveniencia del más fuerte.

Su misión es tan difícil —dar a cada uno lo que se merece, nada menos— que es natural y comprensible que sea denostada, pero no percibo que sea este un momento especialmente difícil. Al contrario, creo que los jueces se han colocado del lado de los ciudadanos en muchos de los graves problemas que la crisis financiera ha provocado: productos financieros, ejecuciones hipotecarias, protección a los consumidores…

J. D.: ¿Crees que están justificadas algunas críticas o que se basan en tópicos y estereotipos falsos?

F. C.: Naturalmente, hay muchos aspectos del funcionamiento de la justicia que deben mejorarse, especialmente su inadmisible lentitud.

Pero también hay muchas críticas fruto de la ignorancia. Si recordáis, yo os conté en clase un ejemplo ilustrativo. Un titular de un periódico criticaba, con encendida indignación, a un juez por haber considerado que un reo no había actuado con ensañamiento, pese a haber asestado más de treinta puñaladas a su víctima. El Derecho es una disciplina muy técnica, especialmente el Derecho Penal y el ensañamiento es una agravante consistente en incrementar de manera innecesaria el sufrimiento de la víctima. En el caso de la noticia, el forense certificó en el juicio que la primera puñalada ya fue mortal y que las restantes fueron, por tanto, inocuas, por lo que, técnicamente insisto, no podía dictaminarse que había ensañamiento.

J. D.: Entrando en materia. ¿Qué tipo de asuntos sueles llevar? ¿Cómo es el día a día de un abogado en el despacho y en los juzgados?

F. C.: Sobre todo asuntos en el orden jurisdiccional Civil y Mercantil, pero también contencioso-administrativo y  social y, en menor medida, penal.

El régimen de trabajo de un letrado está marcado por los señalamientos judiciales. Los letrados pasamos las mañanas en los juzgados, celebrando vistas, comparecencias…y por las tardes recibimos a los clientes, hablamos con los compañeros o nos dedicamos al estudio de los asuntos y la redacción de los escritos forenses.

J. D.: ¿Cree que en España debería existir libertad absoluta para testar o por el contrario le parece bien la actual regulación?

F. C.: En mi modesta opinión, el sistema actual de legítimas sucesorias carece de sentido. Tiene su origen en el Derecho Romano, en una sociedad totalmente distinta a la de hoy. Entonces, con una esperanza de vida mucho más baja, su fundamento era proteger al núcleo familiar cuando faltara el patriarca.

En nuestros días, lo normal es que cuando fallecen los progenitores, sus familiares tengan una edad en la que ya sean independientes económicamente, por lo que esa finalidad de protección pierde su razón de ser. Debe, pues, darse libertad al testador y si tiene unas relaciones familiares normales, sin duda dejará su patrimonio a sus descendientes, pero si no es así, debe tener libertad absoluta para decidir.

Creo que esa tendencia se va imponiendo y el Tribunal Supremo va girando a una interpretación correctora de la desheredación, siendo cada vez menos restrictivo a la hora de admitirla.

J. D. Nos consta que algunos despachos y bufetes ya incluyen servicios de mediación para procesos de separación y divorcio. ¿Crees que es una buena herramienta y que a la larga se impondrá al pleito?

F. C.: Todo letrado que se precie de serlo, te dirá que el pleito es la solución extrema, como la cirugía en la medicina, que debe evitarse siempre que sea posible. Cualquier sistema de solución de conflictos basado en la autocomposición, es decir, que sean los propios interesados quienes solventen sus discrepancias —aun con el apoyo de un mediador— debe merecer nuestro apoyo.

J. D.: Personalmente como vives tu profesión. Antes de entrar a la sala del juzgado, ¿Tienes miedo? ¿Estás nervioso? ¿los nervios o pánico escénico son algo que desaparece o se supera con el tiempo y la experiencia o esa adrenalina es necesaria para el correcto desenvolvimiento de un abogado en la sala?

F. C.: Un letrado jamás debe tener miedo a entrar en sala. Al estar realizando una labor fundamental en una sociedad, está protegido por la Ley, situándole en igualdad de altura que al juez en Estrados.

Pero sí debe estar en tensión y con concentración plena en el asunto encomendado. Una dosis mínima de estrés es imprescindible para mantener nuestros reflejos alerta ante las vicisitudes que vayan surgiendo a lo largo de la vista.

Por supuesto, la experiencia modifica nuestra actitud para bien y los nervios que nos atenazan y nos pueden bloquear cuando afrontamos nuestros primeros juicios se van atenuando con los años, como en cualquier actividad.

J. D.: ¿Cómo y por qué te decantaste por esta profesión?

F. C.: Mi padre es abogado y los hados se conjuraron para que se cumpliera el ineludible destino de continuar la saga familiar.

J. D.: Se han hecho estadísticas diciendo que ésta profesión provoca o es tendente a provocar estrés, signos de depresión, adicciones. ¿Leyendas urbanas o gajes del oficio?

F. C.: El abogado asume una enorme responsabilidad. Para que un justiciable se decida a acudir a nosotros es porque realmente tiene un problema que considera muy grave: recuperar una casa alquilada, evitar un desahucio, lograr la custodia de los hijos…y ya no digamos si se trata de responsabilidades penales que puedan suponer la privación de libertad.

Al acudir a vernos, deposita en nosotros la esperanza de que solucionemos esos problemas que para él son esenciales. Y eso puede suponer una carga emocional muy pesada para el profesional y le puede generar, naturalmente, mucho estrés. El método por el que se opte para soportar esa tensión es, obviamente, una decisión personal. Alguno opta por correr maratones y otro prefiere un buen Rioja, como en cualquier otra profesión.

J. D.: ¿Cómo fue tu primera incursión en la realidad jurídica? Tu primer caso. “Esa primera vez que nunca se olvida”.

F. C.: Fue un asunto de robo con homicidio, muy sonado en su día, en el que defendimos al acusado y que acabó en el Tribunal Supremo, confirmando una condena de 30 años.

Confieso que fue muy frustrante, porque consideré y considero, con toda la objetividad de que soy capaz, que no había las pruebas suficientes como para considerarlo autor. Desde entonces, he mantenido reticencias respecto a que el derecho penal sea un instrumento muy eficaz para lograr aproximarse a la verdad material, pero no hemos sido capaces de inventar nada mejor, supongo.

J. D.: ¿Crees que el Derecho y más estrictamente el oficio de abogado requiere tener unas habilidades ampliamente desarrolladas? ¿Ser sociable es un requisito para ser un buen abogado?

F. C.: Desde luego la abogacía exige unas capacidades específicas. Requiere conocimiento profundo de una Ley siempre cambiante; requiere la capacidad de análisis para el encaje de una realidad compleja en normas jurídicas a menudo insuficientes; requiere el control de una jerga específica y unas dotes de argumentación muy desarrolladas; y requiere, por último, de un gran dominio de la oratoria.

La sociabilidad es, también, muy necesaria. Somos intermediarios entre el ciudadano y la Ley, lo cual nos exige capacidad para relacionarnos con otros operadores jurídicos (Compañeros, procuradores, jueces, fiscales, notarios, registradores…) y, sobretodo, con el cliente, al que debemos transmitir confianza y cercanía, que requiere una elevada dosis de empatía.

J. D.: En la carrera de Derecho no hay una asignatura que esté enfocada al trato con el cliente. ¿Cómo se llega a dominar este arte no escrito?

F. C.: Recuerda que la carrera no te prepara para ser abogado, sino para ser jurista.

Es difícil enseñar discursivamente a tratar a un cliente. Como en cualquier oficio, el método más eficaz es ver como lo hace un maestro. En mi caso, tuve la suerte y el privilegio de ver a mi padre en acción, cuyo trato con la gente siempre ha sido una de sus mejores cualidades, lo que me ha facilitado muchísimo el aprendizaje, porque no olvides que es un aprendizaje: se aprende a tratar a la gente.

J. D.: Seguramente habrá gente que te ha preguntado: ¿Defenderías a un culpable o a un asesino? ¿Qué les respondes?

F. C.: Por supuesto que he defendido y defenderé a un culpable. En caso de que las evidencias sean abrumadoras, tu misión será asegurarte de que en el proceso se respetan los derechos fundamentales de tu cliente y las reglas del proceso y, a partir de ahí, intentar que la pena a imponer sea la menor posible, dentro del margen legal.

Pero lo importante es que el jurista debe ser consciente de que la defensa de un culpable es la mejor garantía para los inocentes. El proceso debe respetarse escrupulosamente siempre. Si las pruebas incriminatorias se obtienen de manera ilegal, aunque evidencien la culpabilidad, debe absolverse al acusado, porque eso asegurará que nunca se podrán conseguir pruebas irregularmente para condenar a un inocente.

J.D. : Compatibilizas tu oficio de letrado con la de impartir clases de Derecho Civil en la Universidad de Cantabria. ¿Qué te incitó a embarcarte en el buque de la docencia? ¿Tus expectativas se ajustaron a la realidad? Con cuál de las dos facetas disfrutas más? ¿En cuál te sientes más cómodo?

F. C.: La llegada a la docencia fue accidental. Un antiguo amigo, compañero de promoción que se quedó en la facultad, me propuso sustituir a un profesor enfermo. Tuve muy poco tiempo para pensármelo y por eso cometí la imprudencia de lanzarme a hacer algo para lo que no me había formado.  Y debo decir que me alegro mucho de haber sido tan osado, porque se ha revelado como una experiencia fantástica y apasionante y que hasta ahora ha funcionado muy bien.

Disfruto, desde luego, mucho más con la docencia que con la abogacía. La enseñanza es un privilegio y una actividad muy gratificante. La abogacía es una batalla mucho más dura, no lo dudes.

 Juristas Desencadenados, 2015.

 

 

 

Estado confesional, aconfesional y laico: una aproximación

 

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Por Manuel Cobo.

Recientemente, acudí a un debate electoral celebrado en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Cantabria y, en un momento del mismo, surgió el tema de la educación laica y el Estado laico.

Todos los representantes de los partidos (Unidad popular/Izquierda Unida, PSOE y Podemos) estaban a favor de este tipo de estado, salvo, como es natural, el del Partido Popular.

En este artículo intentaré explicar de la forma más clara posible, de acuerdo al espíritu de los Juristas Desencadenados, los modelos de Estado en relación con el hecho religioso.

En nuestro país, la Constitución de 1978 —que al fin, y a la postre, es la vigente, al menos de momento— establece en su artículo 16.3 que España es un estado aconfesional. Literalmente dice “Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones”.

En un primer vistazo al lector le puede llamar la atención dos aspectos de este punto 3. Por un lado, la afirmación rotunda de que el Estado efectivamente no reconoce oficialidad a ninguna confesión y, seguidamente, en el párrafo siguiente nombrar a una de ellas en concreto (Iglesia Católica) y usar la coletilla “y las demás confesiones”.

Efectivamente, el primer párrafo nos puede indicar que más bien lo que proclama es un Estado Laico. Y sin duda hay opiniones doctrinales que así lo afirman. Por ejemplo el profesor de Derecho Político de la Universidad de Sevilla Víctor Javier Vázquez Alonso.

Pero, desde mi humilde punto de vista, es en el segundo párrafo donde se revela la verdadera intención del constituyente de configurar nuestro modelo de Estado como aconfesional.

Las razones de por qué el constituyente de 1978 nombra a la Iglesia Católica al referirse a la cooperación que el Estado mantendrá con las confesiones religiosas existentes en nuestro país se explica por diversos motivos:

La razón práctica, es decir, por qué está ahí esa mención en nuestra Carta Magna, se debe a enmiendas que realizaron en su momento la extinta UCD y AP, hoy conocido como PP. Quizás actualmente este punto no se entienda tanto, pero en el momento histórico en el que se encontraba nuestro país, era innegable que, sociológica e institucionalmente, el catolicismo tenía un peso muy importante, por no decir decisivo. Aún con todo, me parece un gran acierto y una evolución sutil, pero, a la vez, clara desconexión con la Iglesia Católica teniendo en cuenta de dónde venía nuestro país.

Apostar por la fórmula intermedia de la aconfesionalidad y no por el Estado laico que proclama, por ejemplo, nuestra anterior Constitución de 1931 quizás fue lo más inteligente para aunar voluntades y evitar mayor crispación de la que ya existía.

Discutible es si en la actualidad este modelo, como tantos otros contenidos de nuestra Norma Fundamental que se debaten actualmente, se han quedado obsoletos o no.

La aconfesionalidad significa que si bien ninguna religión está inserta ni forma parte indisoluble de las instituciones del Estado, (como ocurre. por citar un ejemplo, en Gran Bretaña donde la Jefa del Estado es también la máxima autoridad religiosa), éste tampoco es ajeno al fenómeno religioso. Así por ejemplo, en España el gobierno tiene firmados acuerdos con las distintas confesiones mayoritarias de nuestro país destacando:

  • Los Acuerdos con la Iglesia Católica de 3 de enero de 1979.
  • La Ley 24/1992, de 10 de Noviembre de cooperación con las Iglesias evangélicas.
  • La Ley 25/1992, de 10 de Noviembre con la Comunidad Judía.
  • Y la Ley 26/1992, de 10 de Noviembre con la Comunidad Musulmana.

Para poder acceder a la posibilidad de alcanzar estos acuerdos se requiere que la confesión esté inscrita en el Registro de Entidades Religiosas y que tenga notorio arraigo en nuestro país.

La razón de ser de estos acuerdos no es otra que dar cumplimiento al derecho fundamental a la libertad religiosa proclamado en el artículo 16.1 de nuestro texto constitucional y desarrollado en la Ley Orgánica 7/1980, de 5 de julio que da cobertura legal al ejercicio de tal derecho.

Sin entrar en el asunto de la educación y su vinculación con la religión en general y la católica en particular —como decía al principio de este artículo—, se ha puesto sobre la mesa del debate público desde algunos partidos políticos que España debería caminar o cambiar hacia un modelo de Estado laico. Es una propuesta que se puede calificar como clásica desde los partidos de izquierdas de este país. Y que siempre se intensifica, como es natural, en período electoral.

Cuando se habla de Estado laico siempre nos fijamos en nuestro país vecino. Francia es el paradigma de la laicidad. Para no aburrir al personal, decir someramente que dicho modelo tiene su origen moderno en la Revolución Francesa. Y aunque desde ese momento histórico tan decisivo en tantos sentidos, Francia ha pasado por diferentes períodos donde la relación con la religión, en concreto la católica, ha ido cambiando en cada uno de esos períodos; al final se desembocó en la Ley de Separación de 1905 actualmente en vigor.

En resumidas cuentas, en la patria de Émile Zola las manifestaciones religiosas se deben circunscribir al ámbito privado y al templo. Llegando a aprobarse una ley de laicidad en la enseñanza en 2004 que prohíbe la exhibición ostentosa de prendas que contengan significación religiosa (la famosa polémica del velo islámico).

Laico también se puede considerar Estados Unidos. Así lo afirma el ya citado Víctor Javier Vázquez Alonso. Puesto que una cosa es el arraigo sociológico que pueden tener una o varias confesiones en una sociedad y otra su presencia dentro de las instituciones del Estado y la regulación de éste respecto al fenómeno religioso.

En síntesis, es el partido e ideología que está en el poder el que debe decidir qué relación debe establecer lo público con lo religioso. Veremos si tras las elecciones del 20 de Diciembre asistimos a alguna reforma constitucional y si el artículo 16 sigue intacto como hasta ahora, o por el contrario caminamos hacia una mayor secularización del Estado español.

El autor de este artículo considera, que si bien los tiempos de la confesionalidad católica del Estado español pasaron a mejor vida; resultaría erróneo que el poder político y las instituciones den la espalda por completo al hecho religioso. Hay que saber relacionarse con él y analizar las tendencias de nuestra sociedad si queremos seguir manteniendo un modelo de convivencia estable como hasta ahora.

 

Bibliografía:

  1. Laicidad y Constitución, de Víctor J. Vázquez. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. 2012.
  2. El caso Dreyfus, de Denis Bon. De Vecchi. 2006.
  3. El Estado Laico y sus malquerientes, de Carlos Monsivais. Universidad Nacional Autónoma de México. 2010.
  4. http://www.observatorioreligion.es
  5. http://www.congreso.es

Fuente de la imagen: www.hablandoclarocr.com

Juristas Desencadenados, 2015.

 

 

 

El estado de emergencia en Francia

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Por Raúl Carral, con la colaboración de Mónica Espinosa.

Nos gustaría abrir un pequeño análisis con un tema, por desgracia muy en boga ahora que hemos oído con mucha asiduidad en los medios de comunicación, como es la aprobación de un estado de emergencia en el país galo.

Y por ello empezaremos hablando de la regulación legal del estado de emergencia, el cual en la ley francesa se llama ley de urgencia pero desde aquí matizamos que urgencia en francés (urgence) se traduce en español como emergencia.

En Francia, la ley que regula este estado excepcional es la ley 55-385 de 3 de abril de 1955 relativa al estado de urgencia, como ya mencioné, la cual por diversos avatares históricos (un ejemplo sería que esta ley, en sus primeros tiempos, hace referencia a Argelia como colonia francesa, la cual consigue la independencia en 1962, por lo que terminó desapareciendo las referencias a ese país) ha tenido que ser modificada con el paso del tiempo (por ejemplo, en 1960 por medio de una serie de ordenanzas como la 60-372, por la ley 2011-525 y la más reciente que quiere modificar a causa de los recientes atentados terroristas en la capital gala) dando ejemplo sobre cómo el Derecho ha de evolucionar para adaptarse a los tiempos.

Existe también una reforma de esta ley (7 de agosto de 1955) por la cual se permitía la prórroga del estado de excepción al territorio argelino por 6 meses más tras el fin del plazo inicial de 6 meses que Argelia tenía previsto por ley (artículo 15 de la ley 55-385 de 3 de abril). Al estar ya derogados los preceptos relativos al estado de excepción en Argelia (15-17 de la citada ley), se entiende que esta regulación legal queda derogada también. Es curioso mencionar que esta ley hace referencia a la suspensión de elecciones parciales en un estado de emergencia pero al no mencionar si se hace referencia a Francia o a Argelia expresamente, se entiende que sólo se podría aplicar a Francia como medida de estado de emergencia (ya sea simple o complejo, como explicaré más tarde) ya que actualmente Argelia no es colonia francesa. Debido a la escasa información, nos centramos mejor en el análisis de la ley 55-385 de 3 de abril de 1955.

Análisis legislativo

Vamos a intentar analizar esta ley. Y es obvio que es mejor ir desgranado sus partes poco a poco que copiarla artículo por artículo, por lo que iré analizando y explicando lo que quiere decir este artículo, sin realizar una copia literal.

Parafraseando a estado de emergencia, en su magnífico artículo “La teoría y la realidad constitucional” en la exposición de motivos de la ley francesa viene una definición de estado de emergencia muy interesante: Según tal inicio legislativo, se define a este estado como “una solución intermedia entre el derecho común (el derecho normal en una situación estándar por explicarlo de alguna forma) con el estado de sitio (en el cual las libertades prácticamente desparecen debido a la gravedad de la situación en la que se encuentra el estado)”. Por explicarlo de forma más amena, es una situación regular entre una situación normal (estado común) y una situación muy grave (estado de sitio).

El artículo 1 nos habla de los casos en los cuales puede darse este estado excepcional:
1. Peligro inminente por alteración del orden público.
2. Caso de una calamidad pública.

Como se puede observar, son conceptos indeterminados (¿cuándo se altera el orden público? ¿qué es exactamente una calamidad?) por lo que cuando ocurra una situación así, habrá que analizar y determinar si cumple alguno de los casos citados en el artículo 1 de esta ley y con ello aplicarla.

El siguiente artículo es de una importancia capital, ya que en él se especifica que el estado de emergencia tendrá que ser aprobado por ley, más concrétamente por un decreto acordado por el Consejo de Ministros. Además, se señalarán las circunscripciones territoriales donde entrarán en efecto este estado excepcional y tras esa delimitación territorial, se especificarán las zonas donde se aplicará el estado de Emergencia (primero se determina la zona y luego se aplica, damos a entender)

También este artículo nos explica que el plazo de este Estado de Emergencia será de unos 12 días y que si es necesario ampliarlo se realizará por ley, añadiendo que el artículo 3 señala que la extensión de ese plazo por ley fijará además su duración definitiva. Este último precepto ha sido el más conocido recientemente por la pretensión del presidente François Hollande de ampliar el estado de emergencia de 12 días a 3 meses, tal y como los medios de comunicación han ido señalando con el paso de las semanas. También se oye una modificación constitucional para introducirlo sin límite temporal pero por el momento no hay suficiente información sobre tal proposición.

¿Cuáles son las medidas del estado de emergencia?

El siguiente articulado de la ley nos menciona fundamentalmente las acciones que se podrán realizar por las autoridades pertinentes durante el estado de emergencia, concrétamente desde los artículos 5 a 11 de la ley. Dejamos constancia de ciertos inconvenientes en este tramo de la ley debido a cierta confusión legislativa según la gravedad de las acciones a realizar, los encargados de poder realizarlas, el desconocimiento de algunos preceptos legislativos etc… asi que hemos decidido organizarlas desde un punto de vista más comprensible.

Partiendo de las bases de Jiménez de Parga, existe el Estado de Emergencia simple o sencillo y el agravado o complejo en función de cuáles sean las acciones a realizar y el nivel de gravedad.

Según el artículo 5, en el estado de emergencia simple, el Prefecto puede:

  • Prohibir la circulación de vehículos y personas en ciertos lugares y momentos.
  • Establecer zonas de protección y seguridad.
  • Prohibición de la estancia en ciertos departamentos a personas que entorpezcan las actuaciones de los poderes públicos.

A éstas se les une también las de los artículos 9 y 10 de la ley (de ahí el desorden legislativo antes mencionado):

El artículo 9 de la ley hace referencia al decreto del 18 de abril de 1939, por el cual las autoridades designadas en el artículo 6 de la ley (el ministro del Interior francés) puede proceder a la recogida de armas y municiones de cierta categoría.

El artículo 10 de la misma ley hace referencia al artículo 1 de la Ley del 11 de julio de 1938, por el cual se pueden proceder al reclutamiento de las personas (civiles se entiende) y al requerimiento de bienes que sean necesarios para atender a la situación gravosa existente.

Antes de seguir, seguramente el lector estará pensando que las medidas anteriormente citadas son bastantes antiguas y con escaso margen de éxito si se aplicaran actualmente pero hay que partir de la antigüedad de esta ley (es de los años 50, con referencias legislativas a los años 30) y que a pesar de las reformas realizadas siguen teniendo algunos preceptos arcaicos, aparte de que las leyes en las que se basan la aplicación de estas estas medidas se caracterizan por ser de finales de los años 30, un momento en que Francia se encontraba a las puertas de la II Guerra Mundial (1939-1945) durante el gobierno del Frente Popular francés (1936-1938) dirigido por Léon Blum, Camille Chautemps y Edouard Daladier, caracterizado por un gobierno político de izquierdas y de reformas sociales pero también con una clara inestabilidad a las puertas del gran conflicto.

Tras el recordatorio histórico, volvemos al tema en cuestión. Una vez que el estado de emergencia ha sido declarado e iniciado con las primeras medidas, el ministro del Interior o el prefecto según el caso, pueden adoptar otras facultades (diferentes y de otro tipo a las primeras ya mencionadas) en las zonas territoriales donde esté implantado el estado de emergencia para avanzar en su establecimiento (podemos decir que las del artículo 5, 9 y 10 son iniciales o básicas). Dichas facultades son las de los artículos 6 y 8 que se resumen en:

Artículo 6: el ministro del interior puede proceder al:

Arresto domiciliario o residencia obligatoria de personas cuya actividad es peligrosa para el orden público. Debido a esa privación de libertad, han de matizarse ciertos límites a tal situación de desaparición de derechos fundamentales:

  • Tal acción privativa de libertad ha de realizarse en zona urbana o alrededores.
  • Se garantiza su subsistencia o supervivencia.
  • Los arrestos domiciliarios no podrán convertirse ni organizarse como campos de concentración o de prisioneros.

El artículo 8: El ministro del Interior o prefecto pueden proceder al:

  • Cierre provisional de salas y espectáculos, puestos de bebidas y lugares de reunión de todo tipo.
  • Prohibir también las reuniones de carácter provocativo o que provoquen desórdenes.

Tales acciones se realizarán en las zonas asignadas por cada uno de estas autoridades administrativas (según el conjunto del territorio asignado, departamento o provincia del Prefecto).

Todas estas facultades se pueden catalogar como las propias de un estado de Emergencia simple o sencillo pero hemos de analizar las del artículo 11 de esta ley que se basan en las del estado de emergencia agravado o complejo, que como su mismo calificativo indica se basan en acciones que se han de tomar si las facultades realizadas en el Estado de Emergencia simple no fueran suficientes por la gravedad de la situación existente y por ello deberemos elevar el nivel del Estado de Emergencia y aplicar esas facultades aún más excepcionales y privativas de derechos subjetivos.

El artículo 11 de la ley nos explica que:
De forma expresa por un decreto, las autoridades administrativas pueden:

  • Realizar registros domiciliarios día y noche.
  • Controlar la prensa, los medios de comunicación, los medios audiovisuales (radio, TV, cine).

Como es obvio, estas acciones son extremadamente limitadoras de los derechos fundamentales más básicos de forma colectiva o general (intimidad, vida privada, domicilio, libertad en los medios de comunicación, libertad de expresión) si bien es cierto que las anteriores privaciones de derechos son notablemente perjudiciales también (recuérdese el arresto domiciliario que, aunque es una privación de libertad, hay unos límites muy claros e infranqueables), por lo que consideramos que éstas son las más llamativas debido a la extrema situación, el carácter colectivo de tales limitaciones de carácter ilimitado y a su gravedad (permitir hacer registros en los hogares de los ciudadanos las 24 horas del día sin apenas permitir una “defensa” del inquilino ante el allanamiento de morada impuesto, controlar todo medio de comunicación existente).

No olvidemos, por ejemplo que en las medidas del artículo 5 (emergencia simple), la prohibición de circular sólo se realiza en plazos temporales fijados mientras que los registros domiciliarios del artículo 11 (emergencia agravada) pueden realizarse a cualquier hora.

Es evidente que dentro de estas medidas limitadoras, a ese control de los medios de comunicación del artículo 11 (cine, radio, tv) tenemos que añadir evidentemente internet: Es necesario recordar que las nuevas tecnologías, entre ellas la red ha sido por desgracia un foco de fomento del terrorismo islámico (contactos con terroristas o seguidores del ISIS, conseguir patrocinio o aumentar su patrimonio por negocios o donaciones en internet, realización y publicación de vídeos con mensajes de apoyo a ISIS o de reivindicación de atentados). Es decir, no se debe interpretar de forma literal una ley, sobre todo en algunos preceptos con escasa evolución histórica y se debe analizar un texto legal siempre pensando en la actualidad, en su uso presente y real y en hacerlo con la mayor eficacia o eficiencia posible.

¿Y el derecho de reclamación del particular ?

Es curioso que, a pesar de esta compleja situación, el particular tiene derecho a reclamar de forma administrativa si considera que algunas de las medidas tomadas incluso en tal excepcionalidad estatal han de ser eliminada o están siendo consideradas como abuso de poder (se recuerda que estamos en un Estado con derechos reducidos o eliminados por motivos excepcionales para proteger a la población y al Estado pero que puede provocar un levantamiento de ciertos sectores políticos o sociales aprovechando la situación de alteración pública o calamidad en el país) tal y como viene regulado en el artículo 7 de la ley, aunque su reclamación para acabar con estas medidas limitadoras de derechos sólo son las del artículo 5.3 (prohibición de estancia) y la del 6 (arresto domiciliario o residencia obligatoria), es decir no van dirigidas a todas las medidas limitadoras de la ley.

Esas reclamaciones se pueden realizar de 2 formas:

  • En el caso de eliminación de medidas de los artículos 5.3 y 6 de la ley: El particular presenta una solicitud a una comisión compulsiva formada por delegados del consejo departamental o provincial (un recurso de gracia según Jiménez de Parga).
  • Si no es posible tal acción o se le deniega el proceso anterior, el particular puede pedir recurso por exceso de poder ante el tribunal o jurisdicción administrativa competente, la cual deberá responder en un 1 mes el recurso. Si se apela, el plazo es de 3 meses para decidir.

Como curiosidad, si los tribunales no resuelven en los plazos concretos, las medidas de los artículos 5.3 y 6 no surtirán efecto, dando una mayor protección al ciudadano que a la administración, inclusive en una situación tan compleja.

Por último, el artículo 13 de la ley nos habla de las infracciones y sus correspondientes sanciones en caso de incumplimiento injustificado de algunas de las medidas del estado de emergencia y el artículo 14 nos habla fundamentalmente de la desaparición de las medidas cuando acabe el estado de emergencia existente, si bien es cierto que se podrán mantener los tribunales militares y con ellos las causas que se hayan juzgado o se vayan a juzgar en el estado de emergencia, aunque éste haya llegado a su fin.

Los últimos preceptos de la ley han sido derogados por los avatares históricos.

Unas últimas informaciones sobre el Estado de Emergencia

Como es sabido, se ha hablado de la reforma de esta ley de pasar el estado de emergencia de 12 días a 3 meses, actuación que parece una potestad desproporcionada del presidente francés pero que es perfectamente posible y legal realizarla amparado por los artículos 2 y 3 de la citada ley (aunque somos conscientes de que cualquier decisión política tomada en un Estado de Emergencia va a tener carácter desproporcionado y sobre todo magnificada por los medios de comunicación). En cuanto a la reforma constitucional, todavía no tenemos suficiente información.

Una última referencia que nos parece interesante es la cumbre del clima realizada en París durante esta última semana en 2015, con las consiguientes manifestaciones de sectores sociales y políticos contrarios a ciertos aspectos de las políticas de los miembros participantes en la cumbre de París. Aunque es sabido que en cumbres de esta clase, la oposición es constante y siempre ha habido momentos de tensión o violencia en manifestaciones o reuniones (casi siempre, por minorías antisistema) pero en un estado de excepción como el que se encuentra Francia actualmente, donde las manifestaciones y derechos similares están prohibidas por tal situación de emergencia (sólo se permitían las reuniones pacíficas), las acciones violentas se intensificaron por tal prohibición, provocando un gran número de detenciones por disturbios y participar en una manifestación prohibida.

Por último, si alguien quiere interesarse más en el tema del estado de emergencia o similar, recomendamos los siguientes materiales audiovisuales:

  • “Estado de Sitio” de Costas-Gavras (1972) con Yves Montad, Renato Salvatori y Jacques Weber.
  • “Díaz: No limpiéis esa sangre” de Daniele Vicari (2012) con Claudio Santamaria, Jennifer Ulrich, Elio Germano. Sobre las manifestaciones en Génova en 2001 y la actuación policial.
  • “23-F-La película” con Paco Tous, Juan Diego, Fernando Cayo, Mariano Venancio. Sobre el intento de golpe de estado del coronel Tejero al Congreso de los Diputados en 23 de Febrero de 1981 en España.

Bibliografía

  • Ley 55-385 de 3 de abril de 1955 relativa al Estado de Emergencia y posteriores reformas.
  • JIMÉNEZ DE PARGA, MANUEL: “La teoría y la realidad constitucional contemporáneas”.

Noticias

Fuente de la imagen: www.lavozdegalicia.es

Juristas Desencadenados, 2015.