Estado confesional, aconfesional y laico: una aproximación

 

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Por Manuel Cobo.

Recientemente, acudí a un debate electoral celebrado en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Cantabria y, en un momento del mismo, surgió el tema de la educación laica y el Estado laico.

Todos los representantes de los partidos (Unidad popular/Izquierda Unida, PSOE y Podemos) estaban a favor de este tipo de estado, salvo, como es natural, el del Partido Popular.

En este artículo intentaré explicar de la forma más clara posible, de acuerdo al espíritu de los Juristas Desencadenados, los modelos de Estado en relación con el hecho religioso.

En nuestro país, la Constitución de 1978 —que al fin, y a la postre, es la vigente, al menos de momento— establece en su artículo 16.3 que España es un estado aconfesional. Literalmente dice “Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones”.

En un primer vistazo al lector le puede llamar la atención dos aspectos de este punto 3. Por un lado, la afirmación rotunda de que el Estado efectivamente no reconoce oficialidad a ninguna confesión y, seguidamente, en el párrafo siguiente nombrar a una de ellas en concreto (Iglesia Católica) y usar la coletilla “y las demás confesiones”.

Efectivamente, el primer párrafo nos puede indicar que más bien lo que proclama es un Estado Laico. Y sin duda hay opiniones doctrinales que así lo afirman. Por ejemplo el profesor de Derecho Político de la Universidad de Sevilla Víctor Javier Vázquez Alonso.

Pero, desde mi humilde punto de vista, es en el segundo párrafo donde se revela la verdadera intención del constituyente de configurar nuestro modelo de Estado como aconfesional.

Las razones de por qué el constituyente de 1978 nombra a la Iglesia Católica al referirse a la cooperación que el Estado mantendrá con las confesiones religiosas existentes en nuestro país se explica por diversos motivos:

La razón práctica, es decir, por qué está ahí esa mención en nuestra Carta Magna, se debe a enmiendas que realizaron en su momento la extinta UCD y AP, hoy conocido como PP. Quizás actualmente este punto no se entienda tanto, pero en el momento histórico en el que se encontraba nuestro país, era innegable que, sociológica e institucionalmente, el catolicismo tenía un peso muy importante, por no decir decisivo. Aún con todo, me parece un gran acierto y una evolución sutil, pero, a la vez, clara desconexión con la Iglesia Católica teniendo en cuenta de dónde venía nuestro país.

Apostar por la fórmula intermedia de la aconfesionalidad y no por el Estado laico que proclama, por ejemplo, nuestra anterior Constitución de 1931 quizás fue lo más inteligente para aunar voluntades y evitar mayor crispación de la que ya existía.

Discutible es si en la actualidad este modelo, como tantos otros contenidos de nuestra Norma Fundamental que se debaten actualmente, se han quedado obsoletos o no.

La aconfesionalidad significa que si bien ninguna religión está inserta ni forma parte indisoluble de las instituciones del Estado, (como ocurre. por citar un ejemplo, en Gran Bretaña donde la Jefa del Estado es también la máxima autoridad religiosa), éste tampoco es ajeno al fenómeno religioso. Así por ejemplo, en España el gobierno tiene firmados acuerdos con las distintas confesiones mayoritarias de nuestro país destacando:

  • Los Acuerdos con la Iglesia Católica de 3 de enero de 1979.
  • La Ley 24/1992, de 10 de Noviembre de cooperación con las Iglesias evangélicas.
  • La Ley 25/1992, de 10 de Noviembre con la Comunidad Judía.
  • Y la Ley 26/1992, de 10 de Noviembre con la Comunidad Musulmana.

Para poder acceder a la posibilidad de alcanzar estos acuerdos se requiere que la confesión esté inscrita en el Registro de Entidades Religiosas y que tenga notorio arraigo en nuestro país.

La razón de ser de estos acuerdos no es otra que dar cumplimiento al derecho fundamental a la libertad religiosa proclamado en el artículo 16.1 de nuestro texto constitucional y desarrollado en la Ley Orgánica 7/1980, de 5 de julio que da cobertura legal al ejercicio de tal derecho.

Sin entrar en el asunto de la educación y su vinculación con la religión en general y la católica en particular —como decía al principio de este artículo—, se ha puesto sobre la mesa del debate público desde algunos partidos políticos que España debería caminar o cambiar hacia un modelo de Estado laico. Es una propuesta que se puede calificar como clásica desde los partidos de izquierdas de este país. Y que siempre se intensifica, como es natural, en período electoral.

Cuando se habla de Estado laico siempre nos fijamos en nuestro país vecino. Francia es el paradigma de la laicidad. Para no aburrir al personal, decir someramente que dicho modelo tiene su origen moderno en la Revolución Francesa. Y aunque desde ese momento histórico tan decisivo en tantos sentidos, Francia ha pasado por diferentes períodos donde la relación con la religión, en concreto la católica, ha ido cambiando en cada uno de esos períodos; al final se desembocó en la Ley de Separación de 1905 actualmente en vigor.

En resumidas cuentas, en la patria de Émile Zola las manifestaciones religiosas se deben circunscribir al ámbito privado y al templo. Llegando a aprobarse una ley de laicidad en la enseñanza en 2004 que prohíbe la exhibición ostentosa de prendas que contengan significación religiosa (la famosa polémica del velo islámico).

Laico también se puede considerar Estados Unidos. Así lo afirma el ya citado Víctor Javier Vázquez Alonso. Puesto que una cosa es el arraigo sociológico que pueden tener una o varias confesiones en una sociedad y otra su presencia dentro de las instituciones del Estado y la regulación de éste respecto al fenómeno religioso.

En síntesis, es el partido e ideología que está en el poder el que debe decidir qué relación debe establecer lo público con lo religioso. Veremos si tras las elecciones del 20 de Diciembre asistimos a alguna reforma constitucional y si el artículo 16 sigue intacto como hasta ahora, o por el contrario caminamos hacia una mayor secularización del Estado español.

El autor de este artículo considera, que si bien los tiempos de la confesionalidad católica del Estado español pasaron a mejor vida; resultaría erróneo que el poder político y las instituciones den la espalda por completo al hecho religioso. Hay que saber relacionarse con él y analizar las tendencias de nuestra sociedad si queremos seguir manteniendo un modelo de convivencia estable como hasta ahora.

 

Bibliografía:

  1. Laicidad y Constitución, de Víctor J. Vázquez. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. 2012.
  2. El caso Dreyfus, de Denis Bon. De Vecchi. 2006.
  3. El Estado Laico y sus malquerientes, de Carlos Monsivais. Universidad Nacional Autónoma de México. 2010.
  4. http://www.observatorioreligion.es
  5. http://www.congreso.es

Fuente de la imagen: www.hablandoclarocr.com

Juristas Desencadenados, 2015.

 

 

 

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